El control tributario es un instrumento de organización y regulación. Está relacionado, más bien, con la sexta acepción del término en el diccionario de la Real Academia Española. Esta define el control como la “regulación, manual o automática, sobre un sistema”. En este caso, se trata del sistema fiscal.
¿Qué es el control tributario?
Existe una extensa normativa sobre cómo deben ser los tributos. Sin embargo, eso no se cumple de forma automática. Puede haber incumplimientos con diversas repercusiones, como:
- Deudas tributarias sin aflorar.
- Infracciones administrativas o penales.
- Una ilegítima posición de ventaja competitiva de quienes incumplen las normas.
Ante estas situaciones, se necesita la actuación de los poderes públicos. No obstante, resulta prácticamente imposible garantizar un cumplimiento exacto en todos los casos. Por tanto, hay que establecer unos planes de actuación que se centren en las prioridades de la lucha contra el fraude fiscal.
El control tributario busca dirigir los recursos disponibles en cada momento para mantener regulado el sistema tributario de la forma más justa y eficiente posible.
¿Cuáles son los principales recursos del control tributario?
Existen dos vertientes principales:
- Protocolos normativos adaptados a la realidad tecnológica de su tiempo. Por ello, las obligaciones formales van cambiando en la línea de un control más exhaustivo, pero que implique menor presión fiscal indirecta.
- Planes de control tributario que organizan las actuaciones de la Administración. Su detalle es reservado y de uso interno en la AEAT. Sin embargo, las directrices principales son públicas y las podemos consultar en el BOE.
¿Qué prioridades tiene el control tributario en 2023?
En la Resolución de 6 de febrero de 2023, se explicitan 5 grandes ejes:
- Información y asistencia. Se sigue trabajando en servicios que ayuden a mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre otros aspectos, se trabaja en un sistema que integre todos los canales de atención y en el avance de la automatización del cumplimiento de ciertas obligaciones.
- Prevención de los incumplimientos. En este apartado entra todo lo que pretende evitar que el fraude llegue a producirse y que los obligados tributarios cumplan voluntariamente.
- Investigación y comprobación. Por un lado, se realiza un análisis de riesgos, con el que se visualizan los principales objetivos de la lucha contra el fraude. Por otro, se definen los colectivos y operaciones que serán prioritarios en las actividades de investigación.
- Control del fraude en fase recaudatoria. Se organizan tanto las acciones dirigidas al cobro de las deudas como a evitar comportamientos de los deudores que puedan poner en peligro los procedimientos recaudatorios.
- Colaboración entre administraciones estatales y autonómicas. Principalmente, se manifiesta en el intercambio de información.
¿Cómo afecta la Ley Antifraude de 2021 al control tributario?
La última Ley Antifraude pretende promover el control tributario con medidas en varias direcciones. Las principales son:
- Restricciones a los pagos en efectivo.
- Obligación de que el software contable, de facturación y gestión garantice la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.
- Elevación de determinadas sanciones tributarias. Paralelamente, se permite reducir más las sanciones en los casos en los que haya acuerdo o conformidad en las actas. Además, la reducción de la sanción por pronto pago también es mayor.
- Incentivos para el cumplimiento voluntario, aunque sea fuera de plazo, de las obligaciones tributarias. Para ello, se han modificado la regulación de recargos e intereses de demora.
- Modificaciones en la regulación de los procedimientos recaudatorios y de las listas de morosos.
- Nuevas reglas en valoración de bienes, que se sitúan, en general, en la línea del valor de mercado.
- Creación de una unidad central que controla los grandes patrimonios.
- Nuevas obligaciones informativas sobre tenencia de monedas virtuales y su operativa.
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Por tanto, la línea es reforzar los incentivos al cumplimiento, los protocolos de control y la organización interna de la Administración.
