5 novedades del anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones

El anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones tiene como objetivo la transposición del CECE (Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas) en España. La nueva normativa, que sustituye a la anterior de 2014, introduce importantes cambios no exentos de polémica.

• La principal novedad es la ampliación de la regulación para incluir a los servicios de comunicaciones OTT o de mensajería, como WhatsApp o Telegram.
• Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un sistema de comunicaciones de emergencia, por el cual todo tipo de operadores estarán obligados a transmitir alertas públicas de manera puntual.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones marca un antes y un después para la regulación de las OTT. Además, trae grandes novedades en relación con las obligaciones de los operadores, el uso del espectro radioeléctrico o los derechos de los usuarios.

Más allá de la aplicación del CECE, la normativa persigue una serie de objetivos destacados:

• Fomentar la competencia efectiva y honesta en el mercado de las telecomunicaciones.
• Promover la inversión y el crecimiento del sector, el desarrollo de la economía y el empleo digital.
• Promover el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones, fomentando el acceso a redes 5G.
• Gestionar de forma eficaz y eficiente los recursos limitados de telecomunicaciones, como la numeración y el espectro radioeléctrico.
• Defender los intereses de los usuarios.

¿Qué novedades incorpora la Ley General de Telecomunicaciones?

A continuación, analizamos las 5 novedades de la nueva normativa y qué significan para las empresas de telecomunicaciones.

1. Se amplía la regulación para las OTT

Con la ley actual de 2014, el concepto de servicios de comunicaciones electrónicas se limitaba a aquellos basados en la numeración, también denominados SCIBN. Estos se basan en los planes nacionales o internacionales de numeración y se caracterizan por el transporte de las señales al usuario final. Es decir, son los operadores de toda la vida.

En cambio, la normativa dejaba fuera a los servicios de comunicación independientes de la numeración (SCIIN). En otras palabras, son aquellos que no son gestionados por los operadores de red, si bien pueden utilizar una numeración para identificar al usuario.

Entre ellos, destacan los servicios OTT (“Over the top”), como WhatsApp, Facetime, Zoom o Skype, cuya creciente importancia ha puesto el foco en la necesidad de una nueva regulación. Las empresas de OTT no ofrecen transporte de señales, ya que solo requieren conexión a la red.

Con la nueva Ley General de Telecomunicaciones, el ámbito de la comunicación electrónica se amplía a cualquier servicio que permita la comunicación interactiva entre personas.

2. Nuevas obligaciones y derechos para las OTT

La ampliación del concepto de servicio de comunicación electrónica supone nuevas obligaciones y derechos para los SCIIN. Recogemos los principales puntos:

• El registro será obligatorio para todos los operadores.
• Tendrán las mismas obligaciones de información, integridad y seguridad de los servicios con numeración.
• Deberán contribuir a la financiación del servicio universal (si su facturación supera los 100 millones de euros).
• La CNMC se encargará de resolver los conflictos entre los operadores, así como entre estos y sus proveedores asociados.
• Se les aplica el régimen de derechos de los usuarios finales.
• Deberán pagar la tasa general de operadores.

3. Tasa general de operadores

Con la nueva ley, todo operador que obtenga unos ingresos brutos anuales superiores a 1 millón de euros deberá pagar una nueva tasa.

El pago estará destinado a sufragar los gastos que se generen por las autoridades competentes en materia de telecomunicaciones, incluidos gastos de gestión, control y ejecución.

Esta tasa es una nueva herramienta que busca resolver el vacío legal de las grandes multinacionales tecnológicas como Facebook, Google o Apple.

Se suma así a la llamada “Tasa Google” o ISD (Impuesto Sobre Determinados Servicios Digitales), incluida en los presupuestos para 2021. Este impuesto grava a las empresas de ecommerce o publicidad online que utilizan los datos de los usuarios para obtener un beneficio.

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4. Sistema de alertas públicas

El punto que ha suscitado mayor controversia es el referente al nuevo sistema de comunicaciones de emergencia. Con él, todos los operadores de servicios móviles deberán transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias. Esto incluye a los SCIBN, a las OTT y a otros servicios de comunicación interpersonal.

La capacidad de intervención del Gobierno sobre estos servicios ha generado dudas y temores sobre su aplicación.

El artículo 4 del anteproyecto introduce el concepto de “orden público” para justificar la intervención de las autoridades competentes.

Sin embargo, la Ley General de Telecomunicaciones del año 2003 ya recogía la posibilidad de que el Gobierno asumiera la gestión directa de determinados servicios de comunicaciones electrónicas, con carácter excepcional y transitorio.

La diferencia, según algunos expertos, radica en el RGPD y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), que no existían por aquel entonces. Desde la entrada en vigor de estas normativas, en 2018, no se requiere autorización legal para la cesión de datos personales cuando estos sean tratados con fines de seguridad nacional.

5. Cuentas separadas y auditadas

Por último, hay que destacar que los operadores que presten servicios en otro sector económico llevarán cuentas separadas y auditadas para sus servicios de comunicación electrónica y explotación de redes. También bastará con establecer una separación estructural efectiva para estas actividades.

En resumidas cuentas, el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones nos presenta algunas novedades en comparación con la ley del 2014. Dichas novedades estarán presentes principalmente en la regulación para las OTT, las alertas públicas y la separación estructural en determinados servicios.