Con la nueva Ley Antifraude o contra el Fraude Fiscal ya no serán posibles las amnistías fiscales. Aunque han sido ejecutadas por los gobiernos durante muchos años, suponen el perdón fiscal y, por lo tanto, generan una gran polémica social y política.
- En 2012 se aprobó una amnistía fiscal para que empresarios y particulares que hubieran defraudado a Hacienda tributaran por un gravamen simbólico del 10%.
- En España ha habido diversas amnistías fiscales, como la de Boyer en 1984 y la de Solchaga en 1991. Sin embargo, la nueva ley antifraude no permite las amnistías fiscales. En este post te contamos en qué consiste una amnistía fiscal, qué suponen y por qué se consideran injustas.
Las amnistías fiscales han sido un tema bastante polémico durante los últimos años. Con ellas, se perdona a los defraudadores a Hacienda los impuestos que tenían que haber pagado de forma legal. Las amnistías fiscales insinúan que el Estado no puede controlar que los ciudadanos cumplan con la ley fiscal. Además, asumen que existe una gran economía sumergida en el país.
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Tras la publicación de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal recogidas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, se publica ahora el Reglamento de Certificación de Software. El mismo desarrolla las especificaciones de la prohibición de programas de facturación de doble uso que introdujo la Ley Antifraude en julio de 2021.
¿Qué son las amnistías fiscales?
Las amnistías fiscales son medidas que se aprueban por ley. Eximen del cumplimiento total o parcial de las obligaciones fiscales a aquellas personas que no las cumplieron en su momento.
Con las amnistías fiscales se exime el cumplimiento total o parcial de las obligaciones tributarias a aquellos que no las cumplieron a tiempo.
Las amnistías fiscales suponen un tratamiento desigual de los contribuyentes. En este sentido, se ofrece un trato de favor a los contribuyentes que no han cumplido con la ley tributaria.
No todas las amnistías fiscales que han existido en España han sido iguales. Por ejemplo, la amnistía que se produjo en el 2012 afectó a los obligados tributarios del IRPF, IS e IRNR. En este caso, la amnistía consistió, entre otras medidas, en que los obligados fiscales pagaran un 10% del valor de adquisición de los bienes o derechos declarados. Esto supuso que salieran a la luz bienes o derechos que tenían su origen en rentas no declaradas y que permanecían ocultos.
Hace unos días se publicaba en la prensa que Pep Guardiola aprovechó una amnistía fiscal para regularizar una cuenta que tenía en Andorra hasta 2012, en la que cobró su salario como futbolista en Qatar durante los años 2003 a 2005. Con la declaración tributaria especial (DTE), que es como se denominó en ese momento a la amnistía fiscal, tanto el ex jugador del Barcelona como otras muchas personas y empresas regularizaron su situación pagando un gravamen del 10%, que es muy inferior al que hubieran pagado de haber tributado en plazo.
¿Por qué se prohíben las amnistías fiscales?
Como ya hemos visto antes, las amnistías fiscales han generado siempre una gran polémica debido a que se consideran una medida injusta que favorece a los contribuyentes que no han pagado los impuestos. Por ejemplo, con la amnistía fiscal de 2012 más de 30.000 personas, la mayor parte empresarios, regularizaron su situación fiscal a un coste bastante traducido.
Por lo tanto, las amnistías fiscales se prohíben en la nueva Ley Antifraude o contra el Fraude Fiscal por un principio de justicia tributaria, puesto que suponen una discriminación para los obligados tributarios que sí cumplen.
Las amnistías fiscales se considera que atentan contra el principio de justicia tributaria porque favorecen a los contribuyentes que no han pagado sus impuestos.
¿Pueden una amnistía declararse inconstitucional?
La respuesta a esta pregunta es sí. El 8 de junio de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la amnistía que se produjo en 2012. Sostenía lo siguiente:
En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).
En este sentido se entiende que las amnistías fiscales van en contra del artículo 31.1 de la Constitución Española que establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
Tal y como hemos visto, en España y en otros países se han utilizado las amnistías fiscales como una forma de obtener dinero por parte del Estado, en situaciones de crisis económica, por ejemplo. Pero estas medidas son injustas con aquellas personas que pagan todos sus impuestos a tiempo.
La nueva ley contra el Fraude Fiscal pretende terminar con estas prácticas e impedir que en el futuro se utilicen las amnistías fiscales para favorecer a contribuyentes que no cumplen sus obligaciones con la Agencia Tributaria.
Nota del editor: Este artículo fue publicado con anterioridad y actualizado a 2023 por su relevancia.
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